Desde sus primeros años, Estados Unidos ha ido construyendo un sistema en el que el presidente dispone de un margen extraordinariamente amplio para emplear la fuerza militar sin una declaración formal de guerra. En teoría, la Constitución establece una división clara de los poderes bélicos: el Congreso declara la guerra y financia a las fuerzas armadas, mientras que el artículo segundo designa al presidente como comandante en jefe y le atribuye amplias competencias en materia de seguridad nacional. En la práctica, sin embargo, esa frontera se ha erosionado hasta convertirse en una amplia zona gris, alimentada por interpretaciones expansivas del artículo segundo, por la delegación o aquiescencia del Congreso y por la renuencia sistemática de los tribunales a revisar el uso unilateral de la fuerza por parte del presidente. La operación estadounidense para capturar a Nicolás Maduro no constituye así una anomalía jurídica ni histórica, sino la culminación lógica de una larga deriva institucional que ha ido consolidando la guerra presidencial como práctica normalizada.
