Escribo estas líneas en la mañana del sábado, pocas horas después de la agresión más grave que un Gobierno de Estados Unidos haya cometido contra América Latina desde 1989. En ese momento se trató del dictador panameño Manuel Noriega, que fue amigo de los Estados Unidos —y de sus agencias de inteligencia— hasta que ya no lo fue más: fue acusado de narcotráfico, anuló unas elecciones que habían dado como ganador al candidato de la oposición y luego se declaró en estado de guerra con el Gobierno de George Bush padre, y en cuestión de cuarenta días Panamá fue invadida, el dictador capturado y un nuevo presidente, el que había ganado aquellas elecciones anuladas, fue instaurado en su lugar. Las coordenadas generales de aquella invasión se parecen a la agresión de este sábado: un presidente ilegítimo que ha robado unas elecciones, unas acusaciones de narcotráfico que parecen ciertas y los fantasmas de la Guerra Fría dando vueltas por ahí. Pero no nos confundamos: en el fondo, lo que ha ocurrido en Venezuela es muy distinto. Es mucho más grave (porque hasta estas cosas tienen escalas de gravedad) y merece la condena sin ambages de todo demócrata genuino. Y merece, también, nuestra preocupación profunda por el destino inmediato de Venezuela, un país que ha sufrido enormemente bajo la dictadura.
